Otto Warmbier era un estudiante estadounidense de 21 años de la Universidad de Virginia. En diciembre de 2015 viajó a Corea del Norte como parte de un tour turístico. Durante su estancia, las autoridades norcoreanas lo arrestaron acusándolo de haber intentado robar un cartel de propaganda política en su hotel, algo que él negó.

En marzo de 2016 fue condenado a 15 años de trabajos forzados tras un juicio muy breve y televisado. Poco después desapareció de la vista pública. En junio de 2017, Corea del Norte anunció que lo liberaría por “razones humanitarias”. Cuando regresó a Estados Unidos, Otto estaba en coma y con daño cerebral severo; sus médicos afirmaron que probablemente había estado así durante casi todo su tiempo detenido. Murió seis días después, el 19 de junio de 2017, sin haber recuperado la conciencia.

Casos como el de Otto no son comunes, pero sí se dan bajo regímenes autoritarios que desprecian los derechos humanos y se jactan de su poder sobre la vida y la dignidad de las personas. Su historia provocó indignación mundial, debates diplomáticos y un rechazo generalizado al trato inhumano que sufrió.

Sin embargo, hoy escribo con profunda confusión y desazón al ver cómo un hecho casi idéntico ocurre ante nuestros ojos, sin el mismo eco, sin la misma indignación, y lo más grave: sin la misma defensa de los principios que decimos proteger.

Randall Alberto Gamboa Esquivel, costarricense de 52 años y oriundo de Pérez Zeledón, fue detenido en Texas por agentes de ICE tras intentar reingresar a Estados Unidos en busca de empleo. Durante su detención, su familia perdió contacto con él alrededor de junio de 2025. Meses después fue localizado en estado crítico, hospitalizado en Estados Unidos, y finalmente repatriado a Costa Rica el 3 de septiembre en un vuelo ambulancia. Llegó en condiciones devastadoras y falleció el 26 de octubre de 2025, tras semanas de agonía.

Una vez más, una persona bajo custodia estatal fue reducida a un número en un sistema que perdió de vista su humanidad. No hablamos de un criminal violento, sino de un trabajador migrante que, en su desesperación, cruzó una frontera. Y sin embargo, su castigo fue la muerte.

Resulta alarmante la pasividad con la que las autoridades nacionales han reaccionado: tibias declaraciones, solicitudes de información sin peso diplomático, como si reclamar por la vida de un ciudadano fuera un trámite opcional.

Sí, es cierto que reingresar a Estados Unidos sin autorización es una violación de la ley. Pero el cumplimiento de la ley jamás puede justificar el trato cruel, inhumano o degradante. Ninguna legislación nacional o extranjera puede colocarse por encima de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), instrumentos que Costa Rica no solo ha firmado, sino que históricamente ha defendido.

El artículo 40 de la Constitución Política de Costa Rica establece que “nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles o degradantes”. Ese principio no termina en nuestras fronteras. Cuando un costarricense muere bajo custodia de otro Estado, es deber del nuestro exigir justicia con la misma firmeza con que presume su compromiso con los derechos humanos en foros internacionales.

Hoy, el caso de Randall Gamboa debería recordarnos que la dignidad humana no es negociable, no depende de la nacionalidad ni del estatus migratorio. La indiferencia frente al sufrimiento ajeno no nos hace prudentes; nos hace cómplices.

Y si un país como Costa Rica, que se ha erigido como defensor de la paz, de la vida y del derecho, calla ante la muerte injusta de uno de los suyos, entonces tal vez no es el mundo el que ha olvidado la humanidad, somos nosotros los que estamos empezando a perderla.